Control de constitucionalidad

El control de constitucionalidad es el conjunto de actos y procedimientos establecidos para la verificación y aseguramiento por parte de un órgano del sistema, de que el principio de supremacía constitucional es respetado por todos los órganos constituidos en los procedimientos de creación-aplicación del orden. Algunos autores (Héctor Fix-Zamudio) hablan de "defensa constitucional" para calificar esta misma función.

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El control de la constitucionalidad consiste en la tutela de la Constitución sobre la autoridad que ejerce el Estado, para conocer de las violaciones que cometa algún órgano, donde se transgreda de manera directa la Ley fundamental en perjuicio de los intereses públicos de los gobernados y de las propias entidades públicas, ya sea por medio de una ley o un acto. El ejercicio del control constitucional será realizado por el órgano jurisdiccional establecido al efecto, o bien, por cualquier autoridad en cumplimiento del principio de supremacía constitucional.

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... desde un punto de vista lingüístico y dogmático jurídico, el control de la constitucionalidad es la facultad conferida a uno o varios órganos para vigilar que los actos u omisiones de una autoridad o de un particular6 en determinados casos, no contravengan el texto constitucional y, por ende, sean coherentes con el orden jurídico, de lo contrario, la autoridad facultada para ejercer el control podrá intervenir y restablecer el orden, así como someter a quien lo transgreda.

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La definición proveída del «control de la constitucionalidad» intenta ser válida en cualquier escenario; independientemente de las características que la doctrina occidental identifica en sus distintas clasificaciones, por ejemplo, intérprete de tipo único (control jurisdiccional de carácter concentrado), la totalidad de intérpretes (control jurisdiccional difuso) o intérpretes seleccionados (control jurisdiccional mixto); así como el tipo de control (control político, administrativo o jurisdiccional); las especies de control de cada país atendiendo al órgano resolutor (amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional en México; el recurso y cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley; conflictos constitucionales de competencia, entre órganos constitucionales del Estado y recurso de amparo en España; o el recurso de inconstitucionalidad, conflicto entre órganos, disputa por el Estado Federal; el control de estándares abstractos o el control de normas concretas en Alemania, por mencionar algunos).

En conclusión, y como se ha referido en párrafos precedentes, el control de la constitucionalidad requiere de dos características fundamentales, no sólo que la declaración  de que una ley, acto u omisión emitida por una autoridad o particular sea contrario a la  constitución o no, así como las razones para llegar a dicha conclusión; sino también, que esta decisión debe ser emitida por autoridad competente.

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Este tipo de control ocupa un lugar preponderante tanto desde el punto de vista teórico como histórico y, a través de él, los Estados pueden examinar la adecuación a un parámetro de regularidad constitucional de las leyes y de ciertas disposiciones normativas con rango de ley,1 lo que ayuda a construir un orden jurídico que se adecúe al marco constitucional y a los derechos que éste protege. De este modo, si tras el examen que este control implica, el órgano controlante llega a la conclusión de que la ley o la disposición fiscalizada es contraria a lo establecido en la Constitución, negará su validez.2

El control de constitucionalidad de leyes y disposiciones normativas con rango de ley puede asumir formas diversas de acuerdo con la caracterización técnica que se le dé al proceso de que se trate.3 Sin embargo, es posible hacer una distinción fundamental en la forma en que se llevan a cabo estos procesos de control al clasificarlos como abstractos y concretos. Esta tipología surge en la doctrina alemana con el fin de contraponer dos procesos distintos para el control de constitucionalidad: a) el que se lleva a cabo, por regla general, a instancias de ciertos órganos políticos y al margen de los casos concretos y de la aplicación que haya podido tener una ley (que en ocasiones ni siquiera ha sido aplicada), y b) aquel que ejerce el órgano de control a instancias de un juez o tribunal que, a la hora de resolver un determinado litigio, se encuentra en la necesidad de aplicar una ley o disposición normativa sobre cuya constitucionalidad se plantean dudas o existen divergencias de opinión, por lo que eleva la cuestión sobre la constitucionalidad de la ley al órgano de control.4 Al primero de estos procesos, por tanto, se le conoce como abstracto, mientras que al segundo se le ha calificado como concreto.

Los procesos de control del primer tipo reciben el adjetivo de abstractos porque, en teoría, las autoridades políticas competentes para incoarlos deben defender no un interés particular, sino el interés general garantizando la supremacía del texto constitucional, es decir, con total abstracción de la aplicación concreta del derecho y limitándose a resolver una discrepancia abstracta sobre la conformidad o disconformidad de un texto legal con la Constitución.5 Los procesos de control abstractos son directos (por lo que se sustancian en vía principal) y objetivos.

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