Autoridad responsable

La autoridad responsable es la parte contra la cual se demanda protección de la Justicia Federal; es el órgano del Estado, que forma parte de su gobierno, de quien proviene el acto que se reclama (ley o acto en sentido estricto), que se impugna por estimar el quejoso que lesiona las garantías individuales o que transgrede en su detrimento el campo de competencias que la Carta Magna delimita a la Federación y a sus Estados miembros; esto es, que rebasa las atribuciones que respecto de una y otros la Constitución ha precisado.

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La autoridad responsable es una de las partes que intervienen en el juicio de amparo. Es el demandado o sujeto pasivo de la acción; el órgano estatal al que el quejoso le atribuye el acto que estima conculcatorio de sus garantías individuales, y que interviene en el juicio con el objeto de defender la constitucionalidad de su actuación.

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Cabe señalar que, en todos los casos, los órganos del Estado, para ser considerados como autoridades, deben actuar de manera unilateral, imperativa y coercitiva, lo que implica que para que sus decisiones tengan validez no requieren ser consultadas con las personas a quienes van dirigidas, pues con éstas no se presenta una relación de coordinación sino de supra a subordinación; además de que se imponen aun contra la voluntad de éstas y, en caso necesario, se ejecutan mediante el uso de la fuerza pública.

Por tanto, es autoridad el órgano del Estado que tiene poder de decisión y/o ejecución y que, en consecuencia, puede realizar actos que inciden en la esfera jurídica del gobernado incluso contra la voluntad de éste, por lo que no a todos los órganos del Estado corresponde el carácter de autoridad, pues algunos no están investidos de facultades de decisión y ejecución, y menos aún de la potestad de imponer sus determinaciones.

En este tenor, todas las autoridades —federales, estatales o municipales; ejecutivas, legislativas o jurisdiccionales—, de iure o de facto, pueden tener el carácter de autoridades responsables, estableciéndose como único requisito para ello que por circunstancias legales o de hecho estén en posibilidades de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza que hacen valer cuando infringen los derechos del gobernado...

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Es la que se identifica como la verdadera contraparte del agraviado en el procedimiento constitucional, pues mientras este pretende que se declare la inconstitucionalidad de la actuación de dicha autoridad para que se deje sin efecto legal la misma y se le mantenga o restituya en el goce del derecho violado, la autoridad responsable pugna por lo contrario, es decir, porque el órgano jurisdiccional ante el cual el quejoso ejercitó su acción de amparo determine que sus actos no infringen los postulados de la Carta Magna y que por ello esos postulados deben quedar firmes para los efectos legales.

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