Derecho al acceso a la información pública y protección de datos personales

Es el derecho de toda persona a buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública generada obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de cualquier autoridad del Estado, en los términos y condiciones que establezca la normatividad aplicable, con excepción de aquella clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. 

En el análisis de este derecho, destaca el correlativo a la protección y confidencialidad de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que establezca la ley, toda vez que los datos personales son una expresión de la privacidad, a no ser objeto de injerencias en la vida privada y la protección de la intimidad.

En esos términos, el Estado deberá garantizar que los sujetos obligados proporcionen la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que se encuentre, bajo los principios de certeza, eficacia, gratuidad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. En el caso de la protección de los datos personales, la regla general es la máxima reserva. 

El alcance y contenido de este derecho humano de acceso a la información pública es una herramienta para la participación ciudadana y consolidación de la democracia, al revestir un ejercicio informado, el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado y la confianza en la labor gubernamental, así como una cultura de transparencia.

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El derecho humano que protege a la persona física identificada o identificable frente al tratamiento ilícito de sus datos personales, otorgándole, en la medida de lo posible dado el actual estado de la técnica, la facultad de decidir y controlar de manera libre e informada las condiciones y características del tratamiento de sus datos personales, permitiéndole, además, el ejercicio de determinados derechos y medios de tutela jurídicos para garantía y eficacia práctica de estos últimos.

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